La Neutralidad de la RED. Historia de las Telecomunicaciones en España

Días atrás un post sobre la neutralidad en la red. En el mismo afirmaba que la situación actual se debia a una falta de visión estratégica por parte de los sucesivos gobiernos de este país. En este post intentaré mostrar de forma fehaciente el porque de esta afirmación, la historia es reciente, simplemente hay que hacer un poco de memoría. Seguro que a muchos que os conectabais a Internet con módem a 14.400/ 56.000 bps y cosas peores os resultará familiar todo esta historia.

Dice el refranero español que aquellas aguas trajeron estos lodos, y los últimos años dentro del sector de las telecomunicaciones, pasarán a la historia de España como una época crucial cuyo supuesto objetivo era el de crear un mercado en competencia desde la desmonopolización del sector, facilitando la entrada a nuevos operadores que compitieran con Telefónica ¿realmente fue así o se trato de una liberación dirigida?

Los antecedentes de la normativa que rige el sector pueden situarse en 1987, coincidiendo con los primeros movimientos liberalizadores del sector de las telecomunicaciones que se desarrollan a nivel internacional. En este año se promulga la Ley 31/1987, más conocida como LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) y el Plan Nacional de Telecomunicaciones que deriva de la misma. Durante los años siguientes, el Estado lleva a cabo importantes reformas legislativas que poco a poco van conformado el entramado del mercado.

Entre 1992-1996, además de las diversas modificaciones que sufrió la LOT, se liberalizó el servicio de transmisión de datos en 1993, la telefonía de uso público en 1994, y se aprobó la Ley de las Telecomunicaciones por Cable en 1995.

En 1995 se producen cambios respecto a Telefónica, que hasta ese momento ha sido operador por excelencia y del que el Estado poseía el 31%. En este año el Gobierno decidió privatizar un 12% del capital de Telefónica, para lo que promovió la creación de un núcleo estable de accionistas, formado por los bancos Bilbao-Vizcaya, Argentaria y La Caixa, antes de sacar al mercado bursátil 100 millones de acciones. A partir de esa operación, el Estado conservó un 20% restante del capital, hasta principios de 1997, fecha en la que decidió vender el paquete de acciones que aún poseía y que equivalía al 20,9% del capital.

Sin duda, el gran paso adelante en materia normativa se produce dos años después, cuando el Estado aprueba la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones de 1997, que presenta grandes novedades, entre otras cosas, modifica la antigua LOT y la Ley del Cable. Además, consagra los principios de libre competencia, transparencia e igualdad de trato, acomoda la legislación española a la normativa comunitaria europea que preveía unos plazos máximos para la liberalización y crea la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) como organismo regulador del sector. Esta Ley de Liberalización deroga, además, el anterior Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, también de Liberalización de las Telecomunicaciones.

La segunda norma de capital importancia se aprueba un año después, en abril de 1998. Se trata de la Ley General de Telecomunicaciones (11/98), que regula el mercado dentro de la libre competencia, a la vez que garantiza el servicio universal. Como datos fundamentales de esta nueva ley podemos decir que mantiene la competencia exclusiva del Estado en la materia, pero varía radicalmente la naturaleza jurídica de las telecomunicaciones, que se definen como "servicios de interés general" frente a la anterior concepción legal de las mismas como "servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público". Este cambio de naturaleza es sumamente importante a la hora de regular la actividad de los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones, superándose así la formula de la concesión administrativa previa para la prestación de los servicios por operadores particulares.

Además, promueve la competencia plena estableciendo mecanismos de salvaguarda que garanticen su funcionamiento correcto y sin distorsiones, consagra un sistema de autorizaciones generales y de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes, adaptando el esquema tradicional del derecho español, de concesiones y autorizaciones administrativas, al régimen de otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto por las Directivas Comunitarias. Regula la interconexión de redes, y las obligaciones de servicio público, que se imponen a los explotadores de redes públicas y prestadores de servicios, garantizando así la protección del interés general en un mercado liberalizado.

Estas obligaciones incluyen la exigencia de la utilización compartida de las infraestructuras, para reducir al mínimo el impacto urbanístico o medioambiental derivado del establecimiento incontrolado de redes de telecomunicaciones (aspecto como veremos mas adelante muy importante)

En 2000 el Real Decreto Ley 7/2000 sobre “Medidas Urgentes para el Sector de las Telecomunicaciones” recoge nuevas disposiciones sobre la apertura del bucle local, la tarifa plana de acceso a Internet, y diversas modificaciones en cuanto a la interconexión y el Real Decreto 3456/2000 especifica la apertura del bucle local y las condiciones que deben darse entre el operador establecido y los nuevos actores del mercado.

Por último, a mediados de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció que ya está en marcha el borrador de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. El rasgo diferencial de esta nueva ley radica en que si bien durante la “liberalización gestionada” de la que se hablaba mas arriba se hacía hincapié en garantizar e l desarrollo de las redes, las distintas tecnologías y la potenciación de competencia efectiva, la nueva LGT se centrará en el servicio final al cliente, la rentabilidad de las inversiones y el desarrollo del mercado único europeo.

Llegado este punto, el lector podría pensar que el proceso seguido ha sido implacable. ¿Realmente ha sido así? entonces ¿porque tenemos una de la redes de datos peores y más caras del mundo?

De los cerca de 50 operadores existentes en el mercado español a finales del siglo XX, los más significativos, además de Telefónica SA, que cuenta con 17.000.000 abonados, son Retevisión, Lince Telecomunicaciones, más conocido por su marca comercial Uni2, Jazztel Telecom, RSL Communications Spain y Comunitel. Dentro de estos operadores entrantes también se encuentran los de cable que a lo largo de 1999 comienzan a dar servicio en sus respectivas demarcaciones locales, como Madritel en Madrid, Supercable en Sevilla o Valencia del Cable en Valencia. En estos últimos está la clave a la pregunta anterior

España fue de los países que más tardó en activar el negocio del cable. Mientras en otros esta tecnología se desarrollaba, con mayor o menor fortuna, en España no se utilizaba la red nacional de cable coaxial que Telefónica posee desde los años setenta y que nunca pudo ponerse en servicio. Tampoco dispuso de una legislación específica para este sector hasta 1995, año en el que se aprueba la Ley 42/1995. Otro factor importante para su puesta en marcha tuvo que ver con los acuerdos de moratoria que previamente el Gobierno había establecido. Telefónica como único operador, hasta el momento, debía dar una “ventaja” de dos años a los nuevos concesionarios, con el fin de que tuvieran tiempo suficiente para construir su propia infraestructura.

En España, este mercado se caracteriza por una fuerte concentración empresarial. A finales del siglo XX, las operadoras se aglutinan en torno a tres Grupos, Telefónica Cable, que a su vez puede constituir sociedades operadoras locales en las que tendrá mayoría de capital, la Agrupación de Operadores de Cable (AOC), liderada por Retevisión (que cuenta con Unión Fenosa, BSCH, Endesa) y Cableuropa-Ono, cuyos accionistas son BSCH, Grupo Ferrovial, Grupo Multitel, VAL Telecomunicaciones y Spaincom (GE Capital, Bank of America y Caisse de dépôt et placement).

Llegamos a las fechas claves, en el año 2000, Telefónica anuncia que si bien mantendría su presencia en el negocio de cable, potenciaría otras tecnologías de acceso al bucle local, como el ADSL. La empresa había apostado por esta tecnología ya en septiembre de 1999, puesto que la principal característica de esta tecnología es la de transformar el par telefónico del abonado en una línea digital de alta velocidad permanentemente establecida.

El factor clave de toda esta historia es que Telefónica apuesta desde un punto de vista empresaria por la línea telefónica como medio de transmisión, sobre todo para Internet mediante ADSL reutilizando la red de cobre existente para simultanear las llamadas de voz y el acceso a la Red. Realiza de esta forma una competencia desleal a la empresas que esta apostando por el cable realizando inversiones multimillonarias en el despliege de la red de cable. Por otra parte se ahorra inversiones en cable que tenia comprometidas con el gobierno por medio billon de pesetas. Un jugada redonda para la compañia, pero nefasta para el futuro del pais.

“Ahogamos a los cableros” me comentaba un día un responsable de Telefónica recordando con gozo dicha época. Estos ahogados por las deudas, con la tecnología ADSL pugante acaparando el mercado de datos, se agrupan dentro del grupo Auna que agrupa las participaciones de Endesa, Telecom Italia, Unión FENOSA, SCH y otros socios minoritarios en el sector español de las telecomunicaciones. Auna está formado por Retevisión (telefonía fija, audiovisual, Inte rnet y datos), Amena (móviles), eresMas (Internet) y Auna Cable (telecomunicaciones por cable de fibra óptica, que integra Able-Aragón, Madritel-Madrid, Supercable-parte de Andalucía, Menta-Cataluña y Canarias Telecom-Canarias).

Solo Ono parece hacer las cosas bien. Con una cartera accionarial integrada por SCH, Grupo Ferrovial, Grupo Multitel, VAL Telecomunicaciones y Spaincom (GE Capital, Bank of America y Caisse de Dépôt et Placement) dispensa por aquellos entonces servicios de teléfono, televisión e Internet a particulares en Valencia , Alicante, Castellón, Murcia, Albacete, Huelva, Cádiz, Mallorca y Cantabria, así como servicios de voz y datos a empresas en todo el territorio español.

En 2010 Ono compra el negocio de cable de Auna por algo más de 2.200 millones de euros, cerrando un acuerdo con los socios de Auna -Santander, Endesa y Unión Fenosa - para comprar la filial de cable de este grupo de telecomunicaciones por algo más de 2.200 millones de euros, un pago al que hay que sumar otros 2.000 millones por la asunción de deuda.

Creo que este largo post (mis disculpas si has llegado hasta aquí) demuestra que nunca se debió permitir a Telefónica realizar la operación que realizó con la ADSL, no se pueden permitir esas decisiones de inversión en empresas privadas. Los gobiernos debieron proteger a las compañías que habían apostado por el cable y la fibra, debieron de proteger un mercado disgregado, plural y con tecnología competitiva que permitiese el desarrollo de la sociedad del conocimiento en este país. "Ahogamos a los cableros" ¿solo a los cableros? o también al futuro del país.

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